El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó a la Justicia que ya hay plazas en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para alojar a los imputados en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, que según el Ministerio Público Fiscal le produjo un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones.

De ese modo, ahora se podrá dar cumplimiento a la orden emanada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en las últimas horas de 2018 revocó la prisión domiciliaria a la que habían accedido el lunes 24 de diciembre, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y secretario del bloque del Senado del PJ; Gustavo Pérez, director del servicio Administrativo Contable del Senado; y los “recaudadores”, Hugo Mena, Esteban Scialócomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure.

En dicha resolución, la Sala Penal, no obstante, estableció que todos los imputados seguirían con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica “hasta que el Servicio Penitenciario comunique al juez de grado la efectiva disponibilidad del lugar específico de alojamiento en la Unidad Penal N°1”.

Ahora, con la reciente comunicación que cursó el Servicio Penitenciario, sólo resta que el traslado a la Unidad Penal sea definida por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.

Cabe recordar que quienes continuarán con prisión domiciliaria son Flavia Beckman y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. En tanto, el domingo 30 de diciembre, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rechazó un recurso de reposición que presentaron los defensores de Alejandro Almada, funcionario del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. De ese modo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, y en función de eso lo envió a que cumpla esa medida, por un plazo de 90 días, a la Unidad Penal N° 1.

Idas y Vueltas.

El 23 de diciembre, la Sala Penal, en voto dividido, decidió acoger favorablemente sendos recursos de habeas corpus presentados por las defensas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, secretario de bloque de senadores del PJ, y de Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, a quienes la Justicia le dictó prisión preventiva por 90 días en el marco de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

La decisión de enviarlos a la Unidad Penal N° 1, resuelto por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata el sábado 15 de diciembre, fue impuesta con una condición sine qua non: que los dos imputados fueran alojados en un pabellón separado de los reos que cumplen condena efectiva en el Servicio Penitenciario. Los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli advirtieron enseguida que las condiciones de separación de procesados y condenados no se cumplía en la cárcel, y por eso presentaron un recurso de hábeas corpus ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, que lo rechazó in limine.

Los defensores fueron en apelación ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones, pero el vocal Gustavo Pimentel confirmó lo resuelto por Mayer. En ese marco, los abogados acudieron ante la Sala Penal, que con los votos de los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia acogió favorablemente el planteo, y ordenó devolver las actuaciones al juez Mayer, para que tramite el habeas corpus. En su voto, Mizawak destacó la existencia de  “un flagrante agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su detención preventiva, lo que suscita un agravio constitucional y convencional que debe ser remediado”.

El lunes 24, el juez Mayer no sólo acogió favorablemente el habeas corpus, sino que dispuso la prisión domiciliaria de Aguilera y de Pérez, y extendió la medida hacia los otros detenidos en unidades penales del resto de los implicados, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal,y el caso volvió a la Sala Penal del STJ. En un duro planteo, la Fiscalía observó que la disposición de Mayer “no es ajustada a derecho en tanto implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se dispusieron las prisiones preventivas”. Finalmente, la Sala Penal revocó las prisiones domiciliarias.

Fuente: Entre Ríos Ahora.

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