El presidente de la Comisión, el senador por San Salvador Lucas Larrarte, junto a sus pares de Concordia, Ángel Giano, y de Paraná, Raymundo Kisser, abordaron el texto enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se modificaría la Ley 8369 de procedimientos constitucionales.

Este miércoles por la mañana en la sala de reuniones de Comisiones Legislativas del Senado, en el segundo piso de Casa de Gobierno, el senador Larrarte explicó algunos puntos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, y agregó que cuentan además con una serie de modificaciones sobre el tema que fueron enviadas por el ex senador de Colón, Mariano López.

Los senadores que participan de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, tras un intercambio de puntos de vista, decidieron avanzar en el análisis del proyecto en sucesivos encuentros de Comisión.

El proyecto.

El texto que consta de 18 artículos, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, pretende modificar y promover la mejora de la Ley de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos N° 8.369, la cual rige la materia de la protección de los derechos fundamentales, desde su publicación en el Boletín Oficial, en fecha 4 de octubre de 1.990. En los argumentos se detalla que “desde aquella fecha hasta el presente, han transcurrido 28 años, en los cuales han sucedido acontecimientos de gran relevancia, que marcan la necesidad de producir la reforma que propiciamos”.

Más adelante, el Poder Ejecutivo sostiene que “interpretando la necesidad social de producir reformas en el sistema de administración de justicia y de los procedimientos, ha sido trabajada esta iniciativa, que se pone en consideración de la Legislatura, en el más claro convencimiento de estar contribuyendo, por un lado, a reglamentar institutos de la Constitución de 2008 y por el otro, estableciendo responsabilidades del pleno del Superior Tribunal en materia de amparo y otros procedimientos constitucionales, realizando por otra parte, un esfuerzo de diseño de las reformas, que tiende a no alongar en modo alguno los tiempos – que deben ser breves- de los procedimientos constitucionales, para lo cual se han tomado las debidas precauciones en lo referido a los plazos”.

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