Se desarrolló una audiencia en la Cámara de Casación Penal, donde los defensores expusieron sus argumentos para que queden sin efecto las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso. Los tres están imputados en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones de la Legislatura, en los últimos 10 años. La audiencia, programada para las 11, se inició pasadas a las 11.45. Según observó ANÁLISIS, tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Cecilia Goyeneche, como los abogados de los imputados, insistieron con sus planteos ya conocidos en instancias anteriores. Deberá definir el tribunal integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti. La lectura de la sentencia será el viernes a las 19. En tanto, desde la Fiscalía se adelantó que los tres imputados serán llamados la semana que viene para que amplíen sus indagatorias y que, oportunamente, se pedirá las prórrogas de las preventivas. De ANÁLISIS DIGITAL

La audiencia estaba programada para las 11, pero hubo una postergación de último momento y comenzó a las 11.45. En la causa se investigan presuntas irregularidades en contratos suscriptos en las dos cámaras de la Legislatura provincial, entre 2008 y 2018, período en el cual, según calculan los investigadores, se habrían desviado alrededor de 2.000 millones de pesos.

Lo que se discutió este miércoles fue un recurso interpuesto por el abogado Marcos Rodríguez Allende, defensor de cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera. En la misma línea se escuchó el planteo del abogado Miguel Cullen, en representación de Alejandro Almada -cuñado de Aguilera-, y se oyó el planteo del abogado Guillermo Vartorelli, que hoy tomó la voz de Sergio Cardoso. Los tres llegaron a ese escalón de la pirámide judicial, con reproches a las decisiones de las juezas Marina Barbagelata y Carolina Castagno, que en las instancias previas convalidaron el pedido de los fiscales para que se dicten las prisiones preventivas por 90 días.

Cabe señalar que Aguilera y Almada son los únicos dos imputados que se encuentran alojados en la Unidad Penal. En tanto, Sergio Cardoso permanece con preventiva bajo la modalidad domiciliaria.

Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, se desempeñaba al momento de los hechos investigados como asesor del bloque justicialista en la Cámara de Senadores de la provincia. Almada, cuñado de Aguilera, es empleado de la Cámara de Diputados. Cardoso, por su parte, se desempeñó como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. Los tres están señalados como parte del mecanismo de desvío de fondos públicos a través de contratos “truchos”.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso en semanas previas la libertad de Flavia Beckman, Esteban Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, también imputados en el legajo, al considerar que no hay elementos que demuestren el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga. Fue en respuesta a un recurso de queja interpuesto por las respectivas defensas.

Posteriormente, la vocal de Juicios y Apelaciones Carolina Castagno morigeró la prisión preventiva de los contadores Gustavo Pérez -ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado- y Ariel Faure -vinculado a uno de los estudios contables señalados en el expediente- y dispuso el cumplimiento de la medida en modalidad domiciliaria, con monitoreo de tobilleras electrónicas. No obstante, ambos también acudieron en queja a la Sala Penal del STJ con pretensión de que se les otorgue la libertad y se espera fecha de audiencia.

En la audiencia de este miércoles, los abogados defensores reiteraron el pedido para que se dejen sin efecto las prisiones preventivas o, en su caso, que se apliquen medidas morigeradas de restricción. Insistieron los letrados en que las magistradas que intervinieron anteriormente, no fundaron correctamente sus decisiones. También expusieron que no hay razón para las prisiones preventivas, dado que no se demostró concretamente cómo podrían los imputados entorpecer la investigación penal preparatoria (IPP) y tampoco se constató que haya riesgo de fuga.

“Orabona vino a declarar y se retiró”

El primero en explicar su recurso casatorio fue el abogado Marcos Rodríguez Allende. Su defendido Juan Pablo Aguilera, está a muy poco de cumplir los 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, a donde fue alojado por pedido de los fiscales Cecilia Goyeneche, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.

Para Rodríguez Allende, “no hay elementos que permitan sostener que Aguilera entorpece o entorpeció la investigación”. De igual modo consideró que “no hay elementos para pensar que podría fugarse”. El abogado dijo que “no se sabe qué rol desplegó Aguilera” en la estructura y aseguró que “del material probatorio no surge que sea el máximo responsable ni mucho menos”. “Orabona -Juan Domingo, presidente del Instituto del Seguro, ex director Administrativo del Servicio Contable del Senado y allegado al gobernador Gustavo Bordet-, vino a declarar y se retiró después de la indagatoria”, se quejó el abogado, señalando una supuesta diferencia en el trato.

A Aguilera se le pidió la prisión preventiva porque le habría pedido a su suegra, en medio de un allanamiento, que esconda su celular. “Este argumento no es válido ni sólido. Entiendo que no hay argumento presente, actual, vivo, que nos pueda refrescar que efectivamente, Aguilera está en condiciones de entorpecer la investigación”.

Por último, Rodríguez Allende pidió que se anule la sentencia que convalidó la prisión preventiva de su protegido, o de manera subsidiaria -si su planteo no encuentra eco en los jueces de Casación-, que se dicte la prisión domiciliaria o se fijen otras medidas coercitivas menos gravosas.

Alegoría al cristianismo

El abogado Miguel Ángel Cullen, en representación de Alejandro Almada, cuestionó el derrotero argumental de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que fundó la prisión preventiva de su pupilo y atacó la ratificación de la jueza de Apelaciones, Carolina Castagno. “Fundaron la privación de libertad en un mail”, criticó y entendió que hubo sentencias de instancias anteriores que se basaron en argumentos anteriormente expuestos, en otros fallos, en el marco de la misma causa.

La prisión preventiva de Alejandro Alamada se pidió porque tuvo contacto con una testigo de la causa, antes y después de la declaración de la mujer. En su momento, se explicó desde la Fiscalía que se llamó a un número de teléfono que en la documentación secuestrada aparecía a nombre de Alejandro Alamada. Pero en la empresa de telefonía ese mismo número figura a nombre de una mujer. Se la convocó a declarar, pero ella negó conocer a Almada. No obstante, Almada aparecía entre los contactos de esa persona en las redes sociales. Entonces se la volvió a convocar y ella explicó que no gestiona los perfiles en redes, sino que lo hace una media hermana por ella. Esa media hermana fue novia de Almada. En el marco de la declaración como testigo de la ex novia de Almada, la fiscalía advirtió conversaciones entre ambos respecto de la instancia procesal.

“Cuando Pedro niega a Cristo tres veces lo hace por temor. Es una regla de supervivencia”, alegó Cullen respecto de la situación que convalidó el pedido de prisión preventiva. Luego indicó que “tienen que advertirse un hecho real y concreto que entorpezca la investigación”. “La sentencia de Barbagelata adoleció de requisitos para fundar la preventiva. Eso fue ratificado por Castagno, manteniendo los vicios”, sintetizó y por último pidió “que se devuelva la inmediata libertad ambulatoria de mi defendido” o se apliquen otras “medidas de coerción” menos graves.

“A Cardoso le dictaron la domiciliaria sin endilgarle entorpecimiento”

Por último expuso el abogado Guillermo Vartorelli, en representación de Sergio Cardoso, que permanece en prisión domiciliaria. “Cuando se pidió la preventiva no se advirtió que Cardoso no puede fugarse ni entorpecer la causa. De igual modo se le dictó la preventiva en su domicilio. Nosotros presentamos un agravio ante Castagno pero no se trató esta cuestión, no se trató el agravio. La jueza solo se limitó a decir que debía sostenerse sentencia primer grado”, aseveró Vartorelli y pidió que “corrijan esta situación injusta con Cardoso y se le dicte la inmediata libertad”.

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