Manuel Vázquez, el testaferro confeso del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue mucho más lejos que confesar la cifra de las coimas que cobró su jefe: US$20 millones. Aportó tres nombres y delineó una operatoria delictiva que, coincide con las delaciones ante la Justicia brasileña de exejecutivos de Odebrecht, registros bancarios de transferencias y correos electrónicos acumulados del propio Vázquez y otros actores de esta trama durante una década.

Ante el fiscal federal Franco Picardi y con parte de su familia en el pasillo del quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, Vázquez dio el paso tras dos amagos previos. Lo hizo un día antes de operarse del corazón.

Y señaló que las primeras coimas por el proyecto para soterrar el ferrocarril Sarmiento, valuado entonces en US$1500 millones, se negociaron con el entonces dueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra, y sus dos lugartenientes, Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri.

Tanto ante la Justicia como ante la prensa, Calcaterra y sus colaboradores negaron haber sobornado funcionarios por ese proyecto y deslindaron esa posibilidad en otra constructora que integró el consorcio: «Si lo hizo Odebrecht, fue por su cuenta», afirmó el primo del presidente Mauricio Macri en un escrito que presentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Sin embargo, los testimonios y las evidencias que recopiló la Justicia brasileña, así como otros documentos oficiales y privados a los que accedió este diario en los últimos años, muestran coincidencias significativas con la confesión de Vázquez. Entre otras, por fechas, montos, personas involucradas y metodología:

Según el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina Luiz Antonio Mameri, la voz cantante para participar del soterramiento del tren Sarmiento fue Sánchez Caballero. Y fue ese ejecutivo de Iecsa, según Mameri, quien les informó que habían acordado con funcionarios del Ministerio de Planificación que ganarían la licitación y que por eso afrontarían «pagos indebidos» a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Según Vázquez, las conversaciones comenzaron entre 2005 y 2006, cuando acordó con Calcaterra y Sánchez Caballero un primer pago por US$5 millones y luego otro por US$15 millones para direccionar la licitación en favor del consorcio que integraron Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa. Total: US$20 millones.

– La Justicia brasileña recuperó al menos cinco mensajes relacionados con las coimas del tren Sarmiento de otros exejecutivos de Odebrecht. En uno de ellos, Mauricio Courí Ribeiro aludió a una reunión de junio de 2010 con Sánchez Caballero para debatir el presunto pago de sobornos bajo el eufemismo «DGI». ¿Suma total? También US$20 millones.

Según documentos, Vázquez comenzó a cobrarles un «asesoramiento en política de transporte» a Iecsa, Odebrecht y Comsa desde octubre de 2005 y llegó a sugerirles, en un correo electrónico de abril de 2006, que se movieran con cuidado para evitar «las próximas investigaciones indeseables» de la prensa sobre proyectos de obra pública «inflados de sobreprecios».

– Vázquez pactó con Odebrecht el desembolso de dinero a través del mismo ejecutivo que interactuó con Sánchez Caballero, Courí Ribeiro, al que le transmitió que recibía «mucha presión por la demora de la operación». Y el 4 de octubre de 2007 recibió un mail de Courí Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo «adquisição de propiedades» desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, una firma conocida por los jueces de Brasil, Panamá y Perú, quienes determinaron que Odebrecht la usó para pagar coimas a los hijos del presidente panameño, Ricardo Martinelli, y a múltiples funcionarios brasileños y peruanos.

– A fines de junio de 2009, apenas dos semanas antes de que renunciara Jaime, Courí Ribeiro cruzó mails con Vázquez por otro pago de Odebrecht. Salió de una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino a Walsh Partners Corp., una firma offshore de las islas Vírgenes Británicas que operaba una cuenta suiza del Merril Lynch Bank, cuyo «beneficiario», según Vázquez, sería Enrique Fahrion.

– Para 2010 Vázquez ya había quedado bajo la lupa de la Justicia y de la prensa. En ese contexto, Odebrecht frenó los pagos, que el testaferro de Jaime le reclamó por mail. «Todo este proceso es vergonzoso», le espetó a Courí Ribeiro, en febrero, por US$80.000 pendientes.

– Tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, con quien Jaime mantenía diálogo directo, los arrepentidos de Odebrecht afirman que tanto Vázquez como Sánchez Caballero quedaron relegados como interlocutores. Fue entonces cuando apareció Jorge «Corcho» Rodríguez como intermediario y comenzó otra etapa, en la que también señalaron al entonces número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

– Ante el fiscal Franco Picardi, Vázquez confesó que negoció las coimas con Calcaterra y Sánchez Caballero, pero le adjudicó el rol de pagador a otro ejecutivo de Iecsa, Santiago Altieri.

Según un informe que la AFIP presentó ante el juez Martínez de Giorgi el 29 de septiembre pasado, Altieri figura como apoderado de la cuenta de UTE en el Banco Río desde la que salieron US$4.495.000 a la cuenta de la firma española DSC Workshop en el Banco Privado de Andorra (BPA) que se utilizó para canalizar coimas en Perú, Colombia, Guatemala, Brasil y Ecuador, entre otros países.

– Ante el juez Martínez de Giorgi, tanto Calcaterra como Sánchez Caballero negaron haber pagado sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación por el soterramiento del Sarmiento.

Pero en el mismo cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, ambos se presentaron ante el juez federal Claudio Bonadio y admitieron, como «arrepentidos», que sí entregaron bolsos a funcionarios del Ministerio de Planificación, como asentó el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos. Pero no en concepto de coimas, aclararon, sino como «aportes de campaña».

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