Este miércoles en la sala de reuniones de comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, se realizó un encuentro entre legisladores de ambas Cámaras para analizar una serie de cambios que se van a introducir al proyecto de ley que propone aplicar en Entre Ríos el Juicio por Jurados.

Se trata de poner en práctica lo que se enunció el día que fueron presentados los alcances de la iniciativa que se encuentra en tratamiento en la Cámara Alta. En esa instancia se adelantó la idea de trabajar en forma conjunta para alcanzar, en el menor tiempo posible, los consensos que permitan el tratamiento y aprobación del proyecto.

Coordinaron el encuentro de hoy, (que continúa uno realizado ayer en ámbitos del Ministerio de Gobierno) los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de ambas Cámaras, esto es: el Senador de San Salvador Lucas Larrarte y el diputado provincial, Diego Lara.

Estuvieron presentes los senadores de Concordia, Feliciano, Victoria y Diamante, Ángel Giano, Miriam Espinoza, Roque Ferrari y Rogelio Schild, respectivamente, y los diputados Esteban Vitor, Juan Navarro y Daniel Koch.

El senador Larrarte adelantó que se introducirán cambios para mejorar la redacción, unificando algunos términos.  Se trabajo sobre los artículos referidos al tipo de delitos que se juzgaran con este sistema, el referido a la obligatoriedad del juicio para el imputados y se intercambiaron ideas sobre lo relacionado a la unanimidad del veredicto, entre otras cuestiones.

Cabe destacar que el diputado Navarro y el Senador Giano coincidieron en que el proyecto es bien recibido en las provincias donde se aplica. Consideraron que es una oportunidad para Entre Ríos tener en cuenta lo que ha ido aconteciendo en otras provincias con la aplicación del sistema.

Fue el diputado Lara quien recordó, a la hora de apoyar la aplicación del Juicio por Jurado, la postura del Juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que en el denominado caso Canales, que en su voto sostuvo que el juicio por jurados es un modelo de administración de justicia penal que permite conjugar la “precisión” propia del saber técnico con la “apreciación” prudencial de los representantes del pueblo.

Además, “al fundarse -el juicio por jurados- en la deliberación y construcción de consensos, constituye una experiencia generadora de ciudadanía”.

El Diputado mencionó que Rosatti concluyó que el juicio por jurados no debe ser entendido sólo como un derecho individual del imputado, sino que debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo (justamente) en la administración de justicia penal.

En aquel caso concreto (Canales) convalidó la constitucionalidad de la norma aun cuando la misma no contempla un derecho a renunciar al sistema de enjuiciamiento, en favor del imputado.

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