La situación es similar en las legislaturas de 9 de cada provincias argentinas, donde se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

Con micrófono apagado, la mayoría de los consultados coincide en que la gestión de módulos es potestad reservada de las autoridades de cada Cámara y cada legislador. Pero nadie se atreve a dar datos precisos sobre los montos que gestiona cada uno y cómo lo gasta. ¿Por qué?

Chocolatitos entrerrianos

Entre Ríos es pionera con escandalosas causas de corrupción en el Poder Legislativo. Se puede mencionar el desvío de fondos del Senado entre 1995 y 1999, causa por la cual fue condenado un exvicegobernador (Héctor Alanís-PJ), su sobrino (Maximiliano Alanís), un exsenador (Humberto Re-UCR), y un exdirector administrativo del Senado (José Crettón Pereyra). 

Otra de las denuncias estruendosas en la Legislatura provincial está vinculada a la supuesta integración de una “mesa de dinero” que funcionó entre 2012 y 2013, a donde concurrieron funcionarios públicos, particulares y empresarios para cambiar pesos por dólares. 

Años después se denunció al exdiputado provincial, Ricardo Troncoso, por la contratación de personal que debía dejarle parte del sueldo. Ese escándalo fue el preámbulo del lodazal que produjo casi de inmediato la causa “contratos truchos de la Legislatura”, el primer caso “chocolate” del país.

La investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, que tuvo un larguísimo traspié de casi cuatro años (por reclamo de defensores la causa fue a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema de la Nación, la devolvieron a la provincia en las últimas semanas y debe prepararse la remisión a juicio), calculó un desfalco de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. 

El mecanismo se desplegó a través de contratos pagados con cheques endosados y facturas presentadas por montos superiores a los percibidos por los contratados. La mayoría de las personas entrevistadas para la investigación fiscal desconoció las firmas plasmadas en los documentos: se habían falsificado. Además no cumplían funciones en la Legislatura, algunos hasta reconocieron que hacían trabajos en domicilios particulares.  

En la causa hay varias personas imputadas que deberán dar una respuesta. Aunque uno de los cuestionamientos principales es la ausencia de “peces gordos” en la pesquisa, los verdaderos responsables. Los fiscales apuntaron a grupos de personas que tenían contacto con los contratados para gestionarles el dinero, se llegó sólo a algunos funcionarios legislativos pero no se investigó el rol que cumplieron los presidentes de las cámaras, vicegobernadores y legisladores.

¿A dónde fue a parar tanto dinero? Se cree que al financiamiento de la política y también a bolsillos personales. 

La causa de los “contratos truchos” en la Legislatura entrerriana produjo un verdadero tembladeral en la política, y obligó a rever algunos mecanismos administrativos. Por ejemplo, se dejaron de usar los cheques endosados y desde las cámaras se comenzó a transferir el dinero de contratos a cuentas bancarias de los particulares.

Se mencionan aquí algunas (no todas) de las denuncias por corrupción que marcaron el devenir de la Legislatura entrerriana en las últimas décadas. 

Designaciones irregulares

Durante la última administración política provincial (2019-2023), la gestión de dineros parlamentarios siguió teniendo puntos oscuros. Desde diciembre pasado, las nuevas autoridades se encontraron con numerosas adscripciones, recategorizaciones, pases a planta y “contrataciones irregulares”. 

Por caso, salieron a la luz decenas de pases del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Es que la diferencia de sueldos entre un poder y otro, es notable. De modo que buena parte de los empleados, incluso personal con años de antigüedad en la Administración Central, quiso cambiar de oficina y comenzar a reportar en algún área de la Legislatura. 

“Muchas de las personas designadas en el último tiempo pasaron del Ejecutivo a la Legislatura. Desde la Cámara de Diputados se revocaron las designaciones como empleados legislativos y se los volvió al lugar de origen. Por ejemplo, dirigentes políticos que eran empleados de algún área de Gobierno, se convirtieron en diputados, sacaron licencia en sus empleos de origen y cuando terminaron el mandato fueron nombrados como personal legislativo. En vez de volver a sus cargos con sueldos que bajan estrepitosamente, porque no está el plus por responsabilidad parlamentaria”, contó una fuente de la Cámara baja y agregó: “También hubo designaciones de personas sin antecedentes de trabajo previo en el Estado”. 

En los últimos años, la Legislatura también funcionó como una especie de oficina de empleo, desde donde se contrató a familiares y allegados de encumbrados dirigentes políticos, personas sin experiencia en el trabajo parlamentario, sin especialidad e, incluso, sin haber pisado nunca los pasillos de las cámaras. 

Los contratos más escandalosos de Diputados fueron para los hijos del exministro de Gobierno, exvicegobernador y exintendente de Paraná, Adán Humberto Bahl. Los jóvenes Joaquín y Franco Bahl fueron designados en la Cámara baja durante 2023, con retroactividad a  diciembre de 2022. 

El objetivo es que alcanzaran el año de antigüedad para conseguir estabilidad en el cargo, según está previsto constitucionalmente y en el Artículo 7 de la Ley Provincial N° 9.755 de Empleo Público.

Las nuevas autoridades de cámara revocaron las contrataciones. Los hijos del exintendente paranaense, junto a un grupo de otros contratados, reclamaron a la Justicia mediante amparo pero no lograron ser reincorporados.

El motivo por el cual la Justicia provincial rechazó la razón a los reclamantes es que los decretos de designación contienen “falsedades de causa”. Es decir, se los designó como empleados legislativos porque, según los fundamentos de decretos, había vacancias por jubilaciones o fallecimiento. Pero la cantidad de incorporaciones era superior a las bajas que se habían producido para el período.  

“Cuando comenzamos las revisiones, desde que asumimos hasta un año para atrás, encontramos decretos del 22, 23 y 27 de diciembre de 2022. Y después otras designaciones en enero, en plenas vacaciones y receso. Hubo un freno en marzo y abril de 2023, y mayo y junio retomaron. Siguieron en septiembre y ni te digo en diciembre de 2023. ¿Sabés cuál fue el último nombramiento? El 7 de diciembre del 2023, a días de que asumiéramos. El 8 de diciembre es feriado católico, después vino un fin de semana. Y luego asumimos, el lunes fue 11 de diciembre”, agregó un funcionario de rango político. 

El Senado también

El Senado provincial también dio su capítulo en esta historia de las designaciones irregulares. Durante la conducción de la exvicegobernadora y actual diputada provincial, Laura Stratta (oriunda de Victoria), se nombró en planta de la Cámara al concejal victoriense Víctor Sanzberro quien, además, alcanzó una banca legislativa por participar en las elecciones como integrante de la lista del justicialismo. 

De modo que Sanzberro tomó licencia en el cargo para continuar su mandato en el Concejo Deliberante y después accedió a una banca. Todo mientras era empleado de planta de la Cámara. Finalmente, renunció al puesto y se quedó con el sillón de senador. 

Por otro lado, Claudia Silva, la esposa del exintendente Bahl y madre de los hijos designados irregularmente en Diputados (Franco y Joaquín), fue como suplente en la lista para el Senado provincial. Accedió a una banca y es senadora tras la renuncia del exintendente de María Grande (una localidad del departamento Paraná), Hugo Maín. 

La lista de nombramientos irregulares, modalidades cuestionadas de acceso a las bancas y recategorizaciones de última hora, es mucho más amplia. Sólo se mencionan para este informe los nombramientos más resonantes del último tiempo. 

El año pasado también se conoció que dos hijas del exdiputado radical, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) e histórico dirigente del sindicato Asociación de Empleados Legislativos de Entre Ríos (APLER), Amado Fuad Sosa, son empleadas legislativas. 

Tal es así que una de ellas, Julieta Sosa, coordinadora del Senado desde diciembre pasado, se ocupó de supervisar y responder el requerimiento periodístico en dos oportunidades, tras la presentación del pedido de acceso a la información pública de Ruido, el 20 de febrero de 2024. 

Según informan autoridades parlamentarias de ambas cámaras, desde diciembre 2023 se lleva adelante un proceso de control y reducción de gastos. Los datos quedaron plasmados en un cuadro comparativo que el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín, facilitó para este informe. Los montos están expresados en miles de millones.   

Según el análisis del senador provincial, en base a registros de la Contaduría General de la provincia, de noviembre a febrero los gastos de toda la Legislatura provincial se redujeron casi un 50 por ciento.  

Un mecanismo aceitado para inflamar la planta de empleados

En Diputados hay 16 contratos de servicio que son de la Cámara, son planta transitoria. Funcionan como la puerta de entrada para, luego de un tiempo, pasar a ser personal legislativo y adquirir estabilidad en el cargo. “El tema es que pasan los de servicios a planta permanente. Las personas suelen hacer buena letra para adquirir estabilidad lo más rápido posible. Y enseguida te llenan otra vez el cupo de 16. Por ley, los pases a planta deberían ser por concurso pero como no se abren concursos, se producen las designaciones por decreto”. 

Bajo esta modalidad, es decir ingresando casi 16 nuevas personas a planta permanente de la Cámara de Diputados cada año, en la última gestión (de cuatro años) la cantidad de empleados pasó de 110 a 171. “La planta de Diputados creció un 40 por ciento, cuando podría funcionar con 70 personas”, reafirman en una de las oficinas donde se revisan las designaciones. 

Está también el personal político, fuera de escalafón, que en la Cámara baja entrerriana son 13. “Son las personas que llegan y se van con la gestión, por ejemplo los secretarios de bloque, secretarios y prosecretarios de cámara”.

Las planillas del Presupuesto 2024 contienen los datos buscados para este informe: el personal de planta es de 171 personas; más 34 diputados; 13 cargos políticos denominados como Personal Superior Fuera de Escalafón (PSFE). Esto hace una planta total de 218 personas. 

Lo que no está blanqueado en las planillas del Presupuesto es la cantidad de asesores contratados que cobran a partir de los módulos que reciben los diputados, ni cuántos empleados de planta se asigna a cada legislador, ni cuántos adscriptos se le otorgan. De modo que el número de personal puede variar. Las decisiones quedan a discreción de las autoridades de la Cámara y del legislador. 

Según las mismas planillas del Presupuesto 2024, en el Senado se cuentan 245 personas como planta; 17 senadores; y 27 cargos políticos denominados Personal Superior Fuera de Escalafón (PSFE). Todos suman un staff de empleados de 289 personas. 

Esos números presupuestados para el año actual tienen una leve diferencia con lo informado por la Cámara alta en la respuesta oficial, que tiene fecha de corte en diciembre de 2023. “Se toma la cantidad de personal a fecha 10/12/23 (fecha en que culminó el período legislativo sujeto a informe). La cantidad de personal existente a la fecha antes citada se compone de: 17 senadores, 32 funcionarios y 244 empleados de planta permanente”, se precisó en el expediente que tiene 83 fojas. 

Esto quiere decir que hasta el 10 de diciembre pasado, en la Cámara de Senadores se desempeñaron 293 personas. Los números no contienen la cantidad de asesores contratados por módulos que cobran los senadores, ni tampoco el personal de planta que se asigna a cada senador, ni las adscripciones que se le otorgan a pedido, algo que queda a discreción de las autoridades de la Cámara y del senador.

La estructura y las áreas nuevas

En la respuesta oficial que dio el Senado, se informó el Decreto 545 del Período Legislativo 144. La norma que lleva fecha 1 de noviembre de 2023, impulsó una modificación del organigrama funcional del Senado para darle contención institucional a las áreas e incorporaciones de los últimos años. La disposición, si está implementada, no se planteó en el pleno del Senado. El Decreto 545 sostiene que el “Organigrama Funcional básico vigente está constituido por el Decreto N°002 HCS/127° Período Legislativo del 1 de agosto de 2006, efectuándose posteriores modificaciones en la estructura orgánica en diferentes dependencias con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y excelencia en las tareas legislativas y administrativas”. 

En los primeros párrafos de la disposición se precisa la necesariedad de “brindar un marco actualizado al nuevo esquema estructural y orgánico de este cuerpo”. “Que la Honorable Cámara de Senadores actualmente desarrolla actividades a través del Senado Juvenil Entrerriano, creado en el 1992, el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, creado en diciembre de 2019, el Instituto de Formación Legislativa, creado en 2020, que requieren contar con una estructura acorde a sus necesidades…”

El Decreto 545 lleva las firmas de las autoridades políticas de la gestión anterior: la exvicegobernadora Stratta, el exproseretario Leonardo Centurión; y el exdirector de Despacho, Pablo Bonato. 

El Senado tiene personal político, personal administrativo y personal de planta que integra los bloques. Están los Senadores, los funcionarios de la gestión, personal de planta que es administrativo y personal de planta que está en los bloques. Al margen de los contratados de cada senador y los adscriptos. “Las cosas se hacen con lógica política y no administrativa. Se crearon nuevos ‘cuadritos’ en la estructura y se les dio jerarquía.Antes no había jerarquías sino relaciones de dependencia. La cuestión es que no se dieron funciones, hay áreas muy específicas y no se saben bien las funciones”, se admitió. 

Dieta, módulos y asesores 

Los legisladores provinciales tienen una dieta, es decir su retribución mensual por las funciones que deben desarrollar (legislar, controlar y gestionar). En Entre Ríos no se pagan plus por desarraigo, vales de combustible, pasajes o celulares como en otras provincias. 

Los gastos que implican las actividades propias de la función salen “del bolsillo” de cada diputado o senador, es decir de la dieta que cobra. A esa dieta mensual, que según los sondeos realizados entre marzo y abril rondaba los 3 millones y medio de pesos, se suman los módulos con los que cuenta cada legislador para contratar asesores. 

“Hay una gran partida. Esa partida gigante puede ser usada para cuestiones específicas. Por ejemplo cuando a Diputados llegaron, en 2016, los juicios políticos contra vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y se necesitó personal especializado. Esas tareas se asignaron con ese dinero. De ese monto se asignan también los módulos que cada diputado distribuye como quiere. Podés tener 10 personas o una sola. Podés cobrar los módulos por un mes, seis meses, 12 meses o cuatro años. El presidente de Cámara tiene la potestad de la asignación de módulos, es decir puede sacarla o suspenderla. Pero no se acostumbra. Esa es la partida de dinero que se achicó en la Legislatura en los últimos meses”, se indicó.    

Según las personas consultadas, el monto que recibieron los legisladores en módulos, entre marzo y abril, fue algo inferior al monto de la dieta mensual, calculado en más de 3 millones de pesos. Sumatoria que hace un presupuesto mensual, entre marzo y abril, superior a los 6 millones de pesos por legislador. “Hay gente que paga bien a sus asesores, tienen profesionales especializados. Pero hay otros que pagan 100 o 150 mil pesos a los contratados. Los asesores están con monotributo y las cámaras les transfieren el monto a las cuentas particulares. Todos los diputados y senadores tienen que blanquear a quienes tienen asesorando, cada legislador no puede desconocer cuántas personas tiene con él, pero es la Cámara la que transfiere el monto de dinero a cada persona”, se planteó. 

En general cada legislador tiene un secretario, al que se adicionan uno o dos abogados, a veces otro profesional (depende del trabajo que quiera desempeñar o la comisión que integre) y por último una persona que lo acompaña en prensa y comunicación. “Te da para cuatro o cinco asesores”, coincidieron varias de las personas consultadas. Aunque nunca especificaron que, por ejemplo en el Senado, además se les asignan empelados de planta y adscriptos a pedido. 

Un abogado paranaense confirmó que participa en las comisiones que integra una legisladora. “Somos varios abogados. En caso de la diputada con la que trabajo, tiene un solo asesor legal que soy yo. La mayoría de los diputados tiene uno, a lo sumo dos (NdR: abogados). Pero no es mucho más que eso”. “La cámara asigna módulos para asesores a cada diputado, desconozco si todos los módulos son iguales. No sé cómo se manejan por partidos, si hay o no más módulos según el sector, es un manejo político”, agregó. 

La incógnita de las contrataciones por bloque

Actualmente la cantidad de módulos que disponen las autoridades de las cámaras para contrataciones y cómo las distribuyen según el bloque político en la toda la Legislatura provincial, es una incógnita. Las fuentes consultadas para este informe sí coinciden en que la gestión política anterior hacía diferencias entre los módulos que entregaba a tal o cual legislador (según afinidad política, personal, según el tamaño del departamento que representa).

Si bien se aclaró en reiteradas oportunidades que la orden política del gobierno actual es distribuir la misma cantidad de módulos para contratos entre todos los legisladores, no faltaron aquellos que tendieron un manto de duda al respecto. 

Una aproximación a esos manejos puede trazarse a partir de la información oficial que brindó la Cámara de Senadores sobre el punto. En la foja 8 del expediente que se formó para responder al requerimiento de Ruido, se precisó que entre 2019 y 2023 los gastos en contrataciones por bloque fueron los siguientes: 

Legislatura, el otro Poder de los sueldos codiciados

En el mundo del empleo público, la meca de los sueldos suele estar en el Poder Judicial, alguno de los ministerios públicos que lo complementan (defensorías o fiscalías), o el Tribunal de Cuentas. Son lugares codiciados por las condiciones de trabajo y los montos de los sueldos. 

En ese aspecto, el Poder Legislativo provincial se parece a las oficinas judiciales o de algún organismo de control. Es que los sueldos en alguna de las cámaras tienen un plus que los coloca por encima de otras áreas de gobierno. Por ejemplo en Diputados, según la información brindada, los básicos van de 300 mil a 900 mil pesos, a lo cual se suman otros componentes salariales que terminan haciendo un sueldo neto superior al de cualquier empleado público que reporta en la Administración Central.

El Senado, que respondió el pedido de acceso a la información pública, precisó todas las escalas salariales desde 2019 hasta 2023. De los datos se desprende que el sueldo más elevado es el que se lleva un senador. Por debajo se ubica el personal político y en el último tramo de la tabla aparece el personal de planta, empleados escalafonados. 

Otro dato que llama la atención es la cantidad de veces al año que se recomponen los sueldos. Por ejemplo, durante 2023, todos los sueldos de la Cámara de Senadores fueron beneficiados con 9 recomposiciones: hasta mayo los incrementos fueron mes por medio y desde mayo hasta noviembre, todos los meses se aumentaron el sueldo. 

En 2022, las recomposiciones salariales de la Cámara alta fueron 8: en enero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En 2021, los senadores se aumentaron cuatro veces la dieta: en mayo, julio, septiembre y diciembre. En 2020 fue la pandemia por lo cual no hubo aumentos. En 2019, sólo hubo dos recomposiciones de sueldos en el Senado: en marzo y mayo.

La moderación de 2019 y 2021 al momento de incrementarse las dietas, tal vez pueda asociarse a una cuestión de contexto: la investigación por los “contratos truchos” estaba en pleno desarrollo en el Ministerio Público Fiscal y la opinión pública estaba atravesada por ese escándalo.            

Conclusión: los pedidos de Acceso a la Información Pública no son respondidos o son respondidos a medias por el Poder Legislativo, porque se pregunta por las nóminas de empleados y asesores, tal como está publicado en el Congreso de la Nación. 

Hay dos derechos constitucionales en disputa: el derecho a la reserva de los datos privados y el derecho de acceso a la información pública. Ambos tienen rango constitucional. Al momento de responder, desde las cámaras siempre se hizo prevalecer el derecho a la privacidad. 

Bajo ese paraguas se amparan para no dar datos que permitan identificar a las personas contratadas. Aunque eso no los exime de informar cuáles son los montos para módulos, cómo se distribuyen entre bloques y legisladores, cuántas personas contratadas o adscriptas tiene cada diputado o senador, cómo se componen esos sueldos y cuáles son los términos contractuales.