En connivencia con los empresarios, las autoridades de la DPV firmaron la recepción de una obra que antes de ser inaugurada ya estaba destruida y pagaron más de 26 millones de dólares.

La Ruta provincial 38 presenta un deterioro preocupante, y es motivo de preocupación de los vecinos de la zona, que también se preguntan qué pasó con la investigación judicial con respeto a las obras.

Ya antes de ser inaugurada, en 2015, se lamentaba el deplorable estado del tramo que une San Salvador con Ubajay, incluido también el acceso a General Campos.

Los vecinos manifestaban preocupación e indignación, ya que las obras de repavimentación, antes de ser inauguradas, presentaban graves deterioros, lo que generó graves sospechas, que recaían fundamentalmente en los funcionarios de Vialidad que suscribieron las respectivas certificaciones de obras.

Según se comenta, el entonces presidente de la DPV, Juan Carlos Lallana, firmó apresuradamente la recepción de las obras, cuando supo que su salida del cargo era inminente, algo que terminó ocurriendo dos semanas después.

En un principio, para las obras se destinaron 16 millones de dólares, aunque finalmente, el monto ascendió a los 26 millones de dólares.

Sin embargo, ya antes de que la ruta fuera inaugurada, presentaba un llamativo deterioro, y las supuestas irregularidades en las certificaciones de las obras derivaron en un pedido de informe que suscribieron los senadores Lucas Larrarte y Pablo Canali, que actualmente mantienen un llamativo silencio.

Los legisladores, a través de un proyecto en la Cámara Alta provincial solicitaron la realización de un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la Obra de pavimentación asfáltica de la Ruta Provincial Nº 38 entre San Salvador (Departamento homónimo) y Ubajay (Departamento Colón), como asimismo en el asfaltado del acceso oeste a la ciudad de General Campos (Departamento San Salvador).

Finalmente, eso derivó en una investigación contra Lallana, aunque llamativamente actualmente está parada, a pesar del compromiso del gobernador Gustavo Bordet de llegar al fondo de la cuestión

El propio mandatario, en una visita a las obras de repavimentación junto con la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez, constató que la ruta provincial 38 ni siquiera estaba inaugurada y que ya se encontraba destrozada, llena de pozos.

La realización de las obras en la Ruta 38 se había aprobado durante la gestión de Lallana, que además hoy es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, y el expediente de aprobación lleva la firma del por entonces director sub administrador, Néstor Kemerer.

La resolución de la DPV Nº 3926, con fecha 6 de noviembre de 2015, dejó expuesto que una UTE, conformada por cuatro empresas (AlquimaQ Sacif – Dycasa SA – Laromet SA – Luis Losi SA), sería la adjudicataria de la obra por el monto de $249 millones, financiada por fondos del Banco Mundial.

Esta gravísima irregularidad estuvo bajo la órbita de Lallana y de los Ingenieros en jefe que firmaban los certificados de redeterminación para, indudablemente, engordar sobremanera el costo de la obra.

Según comentan los entendidos en la materia, el verdadero negocio de la obra pública está en los certificados de redeterminación y no en la licitación. En este caso, el monto final ascendió a más de 26 millones, aunque la ejecución de las obras fue paupérrima.

La Ruta 38 repavimentada debería haber tenido una vida útil de al menos cinco años, sin embargo, a meses de de que los trabajos se dieran por finalizados ya presentaba serias roturas, convirtiendo al camino prácticamente en intransitable y en un peligro para los que circulan por allí.

La responsabilidad no solamente recae sobre la empresa que ejecuta las obras sin la calidad en los trabajos y en los materiales, sino, fundamentalmente, en los funcionarios que firman la recepción de las obras a pesar de las graves irregularidades.

De este modo, se concretan importantes estafas al erario público provincial, con beneficios para los bolsillos de unos pocos.

Aunque en su momento se inició una investigación judicial, actualmente se encuentra llamativamente parada, a pesar de los pedidos de informes de los senadores y de pedidos de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Actualmente, Lallana también enfrenta una investigación penal ante la fiscalía por enriquecimiento ilícito, aunque la de las irregularidades en la Ruta 38 se encuentra detenida.

La llamativa lentitud de la Justicia se combina con la falta de respuestas del gobierno provincial frente al lamentable estado de la Ruta 38 mientras el camino sigue deteriorándose.

Lo sufren los vecinos de la zona que deben transitar por una ruta llena de baches y pozos, y los desprevenidos que exponen sus vidas a grave peligro por el simple hecho de transitar un camino atravesado por la corrupción estructural, tan enquistada en todos los niveles del gobierno provincial.

Fuente: Ricardo David.

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